FUERO DE ATRACCIÓN


ALICIA SUSANA PEREYRA

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  • ALICIA SUSANA PEREYRA “Cuando las opciones no se ejercen por elección, sino por coacción o por desesperación, nunca suelen tener una gran continuidad o proyección en el tiempo y, además, las soluciones finales a las que se arriba de esta manera no suelen –por lo común– ser óptimas.” [1] 1. INTRODUCCIÓN Las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.086 al fuero de atracción concursal y en especial, en lo referente al tratamiento de los acreedores laborales, los que recuperan la opción de volver al (...)...

    Pereyra Alicia Susana
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    Técnica Societaria, Concursal y Pericial
    Último Numero
    Publicada: 10-2007

    Nro : 16
    Categorias

    Notas

    [1] Martorell, Ernesto Eduardo; “El concurso y la quiebra de la empresa. Ley Nº 24.522. Problemática laboral”.

    [2] Junyent Bas, F.; “Los nuevos ejes del fuero de atracción”, La Ley, 5 de abril de 2006.

    [3] En el juicio concursal el impulso del procedimiento está a cargo del tribunal, que actúa de oficio, sin que sea necesaria la petición de los interesados. En ello consiste la característica de la oficiosidad, que le permite al juez, que tiene la dirección del proceso, dictar todas la mediadas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias, Tonon, A.; “Derecho concursal”, Depalma, páginas 25 y ss.

    [4] Azruria; “Unteramerican Law Review”, Tulane, Estados Unidos, 1959, citado por Segal, R.; “Sindicatura concursal”, Depalma, Buenos Aires, febrero de 1978, página 9.

    [5] Piera Jiménez, Adrián; “Jornadas sobre la reforma del derecho concursal español”, palabras introducción. Civitas, Fundación Universidad–Empresa, Madrid 1982, pagina 25. Diputado Helguera; “Sesión de la Cámara de Diputados del 12 de diciembre de 1902”: “No hay ningún país de la tierra que está conforme con su ley de quiebras”.

    [6] Armengol, M. F.; “Fundamentos y críticas de la ley de quiebras”, Buenos Aires, 1914, “Dos palabras”, p. XIV, citado por J. A. Iglesias en “Concursos las reformas a la ley”, Depalma, abril de 1995, página 2.

    [7] Raspall, M. A.; Pereyra, A. S.; “Comentarios a la Ley Nº 26.086. Modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras”, Errepar, mayo de 2006.

    [8] Iglesias, J. A., op cit, página 7.

    [9] Ídem nota al pie Nº 9.

    [10] Ídem nota al pie Nº 10.

    [11] Massini Correas, C.; “Filosofía del derecho. El derecho y los derechos humanos”, Buenos Aires, 1994, página 52, citado por Iglesias, J. A., en op. cit., página 9 . “Una de las funciones a cumplir por la norma respecto de la conducta es la de servir de paradigma o modelo”.

    [12] Carnelotti, citado por J. A. Iglesias en op cit, página 1, nos dice con elocuencia: “La función del derecho es, por consiguiente, la de someter la economía a la ética. Su posición de mediadora entre una y otra resulta clara y lo será más, dentro de poco. Se puede desde ahora decir: imponer la ética a la economía. La dificultad, más que la imposibilidad de su misión y, por tanto su drama, resulta claro: la regla de la ética pierde su carácter cuando se formula y se impone. Cabe añadir todavía: garantizar con tales reducciones o imposiciones, la política. De esta manera se explica finalmente, cómo el derecho es para la política un instrumento necesario” (“Teoría general del derecho”, Madrid, 1941, Nº 41, paginas 56 y 57).

    [13] Junyent Bas, F.; “Los nuevos ejes del fuero de atracción”, La Ley, 5 de abril de 2006.

    [14] El artículo 4º de la Ley Nº 26.086 sustituye el artículo 21 de la Ley Nº 24.522 y sus modificatorias, por el siguiente: “Juicios contra el concursado

    Artículo 21— La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.

    Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:

    1) Los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales;

    2) Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes;

    3) Los procesos en los que el concursado sea parte de un litis consorcio pasivo necesario.

    En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas. El síndico será parte necesaria en tales juicios, excepto en los que se funden en relaciones de familia, a cuyo efecto podrá otorgar poder a favor de abogados cuya regulación de honorarios estará a cargo del juez del concurso, cuando el concursado resultare condenado en costas, y se regirá por las pautas previstas en la presente ley.

    En los procesos indicados en los incisos 2) y 3) no procederá el dictado de medidas cautelares. Las que se hubieren ordenado, serán levantadas por el juez del concurso, previa vista a los interesados. La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso.

    En las ejecuciones de garantías reales no se admitirá el remate de la cosa gravada ni la adopción de medidas precautorias que impidan su uso por el deudor, si no se acredita haber presentado el pedido de verificación del crédito y su privilegio”.

    [15] “El espíritu del proyecto es devolver el trámite de las causas a sus jueces naturales, ya sean de provincia, laborales o civiles, y preservar el principio de unidad del concurso con la posterior verificación de la sentencia. O sea, existiendo sentencia definitiva, desde luego, hay que verificar el crédito con el título –que es la sentencia– ante el juez del concurso o de la quiebra. Eso significa una ventaja importante en muchos sentidos; significa tanto una ventaja importante en cuanto a descongestionar la justicia nacional en lo Comercial de la sobrecarga derivada de los concursos como además –en razón de la especialidad– permitir que entiendan en las causas jueces laborales, civiles o de otra naturaleza. Es decir, los jueces especializados en esos temas y no obligar al juez comercial a ser universal en el término jurídico, que tenga que resolver sobre todos los temas jurídicos existentes. Además, de esta manera se preservan mejor los intereses de los acreedores del interior, evitando que tengan que venir a tramitar pleitos ante los tribunales de la Capital Federal cuando, con mucha más justicia a su derecho de defensa, lo pueden tramitar en su tribunal natural para después hacer un trámite más sencillo como es el de verificación de crédito ante el juez del concurso y de la quiebra. En ese sentido, el proyecto toma en cuenta diversos antecedentes, uno de los cuales es el que se había tratado en el Senado el año pasado, pero apunta a ir más allá, a que los juicios de conocimiento en general, no sólo los laborales, se tramiten ante sus tribunales de origen. Y eso va a ser muy bien recibido por los distintos actores o sectores interesados, porque tanto los tribunales comerciales o la gente vinculada a la Justicia Comercial como los distintos acreedores que tiene que verificar sus créditos se van a ver beneficiados por este cambio. Ustedes me podrán preguntar, ¿no hay nadie que pueda protestar o que le pueda resultar incómodo? No he recibido esas observaciones, pero tal vez algún gran estudio comercial que haga concursos o quiebras en la Capital Federal pueda protestar porque tal vez va a tener que litigar en una provincia o en otro tribunal. Pero en definitiva es un interés comparativamente menor con respecto a los demás intereses o beneficios que consideramos a través de este cambio.”

    [16] Raspall, M. A.; “Revista de Derecho Concursal”, Tomo V, Edit. Zeus, Rosario, 2006, página 174.

    [17] Cámara, Héctor; “El concurso preventivo y la quiebra”, Depalma, Tomo I, página 509: “la sentencia laboral constituye un título de crédito con el cual el acreedor debe intentar su reconocimiento. El juez lo admitirá, aún en el caso que sea impugnado por el síndico, el deudor y los acreedores, solamente si lo estima procedente. Ello se compadece con la naturaleza del procedimiento concursal, donde participan múltiples sujetos, todos los cuales tienen interés que únicamente sean verificados los legítimos: lo contrario los perjudica”.

    [18] Segal, R., op cit, página 7.

    [19] Bermúdez, Jorge; Juez en la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

    [20] Ver al respecto: Raspall, op cit, página 171.

    [21] Mafia, O.; “Verificación de créditos”, Depalma, Buenos Aires, abril de 1994, páginas 457 y ss.

    [22] Heidegger; “El ser y el tiempo”, trad esp., Méjico 1961, página 275, citado por Mafia, en op cit, pág 491.

    [23] Raspall, M. A.; op cit, página 173.

    [24] Mensaje de elevación Nº 1.242 del 12/12/2003, del proyecto del Poder Ejecutivo Nº 440/2003.